La sostenibilidad se ha consolidado en 2025 como un eje estructural de la acción pública, trascendiendo el plano normativo para materializarse en políticas, infraestructuras y servicios con impacto directo en la ciudadanía y en el territorio. Las Administraciones y Empresas Públicas, tanto en España como en Latinoamérica, han intensificado su papel como agentes tractores de la transición ecológica, la cohesión social y la modernización institucional, integrando los criterios ASG en su toma de decisiones. REPORTAJE Este reportaje analiza las principales tenden- cias y enfoques comunes detectados a lo largo del año, a partir del estudio de buenas prácticas que reflejan cómo la sostenibilidad se traduce en acciones concretas. El análisis permite identificar prioridades claras, patro- nes compartidos y también matices regio- nales, ofreciendo una radiografía precisa de hacia dónde se dirige la agenda pública en materia de desarrollo sostenible. El análisis confirma que el impacto sostenible se construye desde el equilibrio entre terri- torio, personas e instituciones, y que las ini- ciativas más sólidas son aquellas capaces de integrar estos tres planos de forma coheren- te. En ese cruce se sitúan las políticas públi- cas con mayor capacidad de perdurar y ge- nerar valor a largo plazo. Un mapa ASG marcado por la urgencia climática El reparto de las buenas prácticas analizadas dibuja un mapa claro: el eje ambiental con- centra el 58,9 % del total, seguido del ámbito social con un 23,2 %, y la gobernanza con un 17,9 % . Esta distribución evidencia que la crisis climática actúa como prin- cipal motor de la acción pública, condicionando inversiones, prioridades técnicas y modelos de gestión. El predominio ambiental no responde únicamente a una mayor presión regulatoria, sino a la necesidad de transformar infraestructuras críticas y reducir de forma tan- gible el impacto de servicios esenciales. En este contexto, la eficiencia energética se consolida como una de las prácticas más extendidas. La renovación integral del alumbrado público mediante tecnología LED, aplicada tanto en entornos urbanos como en grandes instalaciones logísticas y portuarias, destaca por su capacidad para reducir emisiones y consumo de forma inmediata. A esta línea se suma la transición hacia energías renovables , con pro- yectos de autoconsumo fotovoltaico integrados en aeropuertos, estaciones inter- modales y complejos administrativos, que avanzan hacia modelos de descentrali- zación energética y mayor autonomía operativa. La energía aparece como el motor de la sostenibilidad pública , no solo desde una perspectiva ambiental, sino también económica y estratégica. El uso de combusti- bles alternativos en el transporte marítimo y la electrificación progresiva de flotas públicas refuerzan esta tendencia, mostrando una visión de largo plazo alineada con los compromisos climáticos internacionales. Junto a la energía, la restauración ambiental y la conservación de ecosistemas ocupan un lugar destacado. Iniciativas de reforestación masiva, recuperación de en- tornos degradados y protección de espacios naturales se plantean como herra- mientas de compensación de la huella de carbono y de preservación del capital natural. En muchos casos, estas actuaciones se integran en estrategias territoriales más amplias, vinculadas al desarrollo rural, la resiliencia frente al cambio climático y la protección de recursos hídricos. Este conjunto de prácticas confirma que el enfoque ambiental ha evolucionado des- de la mitigación puntual hacia una lógica sistémica , donde infraestructuras, energía y territorio se abordan de manera interconectada. Cohesión social y gobernanza: tecnología al servicio del ciudadano Aunque con menor peso porcentual, el bloque social y de gobernanza , que suma conjuntamente algo más del 40 % de las buenas prácticas, desempeña un papel clave como soporte del impacto ambiental y como garantía de equidad y eficacia en la acción pública. En el ámbito social, las iniciativas se orientan de forma clara hacia la inclusión y la re- ducción de brechas estructurales . La digitalización del medio rural emerge como una prioridad, con proyectos que facilitan el acceso a servicios públicos, educación y oportunidades económicas en zonas aisladas, utilizando la conectividad como he- rramienta contra el despoblamiento. Estas acciones suelen ir acompañadas de apo- yo técnico y económico a actividades locales, reforzando la cohesión territorial. La accesibilidad universal es otro de los ejes recurrentes. La adaptación de espa- cios urbanos, centros históricos y sistemas de transporte busca garantizar el dere- cho a la movilidad y a la participación plena, incorporando criterios de diseño inclu- sivo más allá del mero cumplimiento normativo. En paralelo, la salud y el bienestar se integran en la gestión pública mediante cam- pañas preventivas y acciones de sensibilización desarrolladas en infraestructuras de uso cotidiano, como redes de transporte, reforzando una visión de la salud como responsabilidad compartida y cercana. La gobernanza actúa como palanca transversal de todas estas iniciativas. La im- plantación de sistemas de identidad digita l, trazabilidad y control mediante tecno- logías avanzadas mejora la seguridad jurídica, reduce el fraude y aumenta la transpa- rencia. Asimismo, la adopción de estándares internacionales de calidad , auditorías y certificaciones refuerza la profesionalización del sector público y su rendición de cuentas. La colaboración público-privada y la cooperación internacional aparecen de for- ma recurrente, especialmente en proyectos de gran escala, subrayando que la sos- tenibilidad requiere alianzas estables y marcos de gobernanza sólidos. Los ODS como eje vertebrador del impacto La alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible permite identificar con cla- ridad las prioridades de la acción pública. El ODS 13, Acción por el Clima, es el más presente. Su protagonismo se explica por la centralidad de la descarbonización, la eficiencia energética y la implantación de sistemas avanzados de medición ambiental. Las iniciativas vinculadas a este objetivo no se limitan a reducir emisiones, sino que incorporan herramientas de seguimiento en tiempo real que permiten anticipar riesgos y evaluar el impacto de las políticas climáticas. El ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, ocupa el segundo lugar y refleja un enfoque dual. En el ámbito urbano, las buenas prácticas se centran en la mejora del transporte público, la gestión inteligente del tráfico y la accesibilidad. En el en- torno rural, el objetivo se traduce en programas de digitalización y apoyo económico destinados a revitalizar territorios y evitar su abandono. El ODS 7, Energía Asequible y No Contaminante, completa este núcleo prioritario. Las iniciativas asociadas subrayan el papel estratégico de la energía en la sostenibi- lidad operativa, desde el autoconsumo renovable en grandes infraestructuras públi- cas hasta el acceso a energía limpia en zonas vulnerables. Junto a estos, otros ODS presentan una presencia significativa. El ODS 15, vincu- lado a la protección de ecosistemas terrestres , se materializa en proyectos de reforestación y conservación; el ODS 5, centrado en la igualdad de género, avanza mediante políticas de paridad y apoyo al emprendimiento femenino; el ODS 10, re- ducción de las desigualdades, atraviesa iniciativas de inclusión digital y accesibili- dad; y el ODS 3, salud y bienestar , aporta una dimensión humana que refuerza el enfoque integral del conjunto. Latinoamérica: desarrollo sostenible entre biodiversidad, desigualdad y fortalecimiento institucional En Latinoamérica, la sostenibilidad adopta una lógica profundamente territorial y pragmática, marcada por la urgencia social, la riqueza ambiental y la necesidad de reforzar las capacidades del Estado. El reparto de las buenas prácticas analizadas refleja con claridad esta realidad: el 50 % se concentra en el eje ambiental, el 36,4 % en el ámbito social y el 13,6 % en gobernanza. Más que una distribución desequili- brada, este mapa evidencia una priorización consciente de los desafíos estructura- les de la región. RAMÓN JÁUREGUI , Exministro de la Presidencia CARLES CAMPUZANO , Diputado en el Parlament de Catalunya JUAN JOSÉ BARRERA , Exdirector General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y RSE pedro ortún , Exdirector General de Empresas e Industria de la Comisión Europea salvador illa, President de la Generalitat de Catalunya Aicha Belassir, Directora General de la Economía Social y de la RSE del Gobierno de España "La RSE debe mantener su carácter transformador y no disolverse en una mera técnica de cumplimiento" "Sigo tan convencido como al principio de la relevancia de la RSE y de su impacto positivo" "Al principio, no hubo un impacto negativo inmediato en la Responsabilidad Social" "La RSE debe estar al principio, integrándose de manera transversal en toda la organización" "Es un momento de afirmarnos como europeos, como un espacio público compartido de 500 millones de ciudadanos que es Europa" "La nueva Estrategia Española de RSE tiene como objetivo apoyar a las empresas en su transición hacia un modelo económico más sostenible" JOSEP SANTACREU , Presidente de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona " E STE ES EL ALMA DE LA RSE : LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN EL diálogo y la colaboración con todos los grupos de interés" 58,9 % 23,2 % 17,9 % 50 % 13,6 % 36,4 %