Invertir en agua para garantizar el futuro: una agenda inaplazable para España

julián núñez,

Presidente de SEOPAN

Persona con cabello rizado corto vistiendo un saco negro y camisa blanca abierta hablando frente a dos micrófonos.

Descripción generada con IA

España ha construido a lo largo del último siglo un modelo de gestión del agua que ha sido decisivo para el desarrollo económico y social del país. Desde la creación de las Confederaciones Hidrográficas en 1926, el agua se concibió como un asunto de Estado y como un vector capaz de vertebrar el territorio, impulsar la agricultura y garantizar el abastecimiento urbano e industrial. Esa visión permitió desplegar una amplia red de presas, canales, infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y regadío que han sostenido el progreso de varias generaciones de españoles

Esa trayectoria explica que hoy España sea una referencia internacional en tecnolo-gía hídrica. Nuestra capacidad de desalación supera los 5 millones de metros cúbi-cos diarios —la cuarta mayor del mundo—, somos líderes europeos en reutilización de aguas regeneradas y contamos con más de 1.200 grandes presas que sitúan a nuestro país entre los primeros del mundo en capacidad de regulación. A ello se suma el reconocimiento internacional de nuestras empresas de ingeniería y cons-trucción, cuya actividad en los últimos diez años se ha traducido en 195 adjudica-ciones en 35 países por un valor conjunto superior a 29.300 millones de euros

Pero este liderazgo técnico contrasta con una realidad preocupante: España arras-tra un déficit inversor de enorme magnitud. La consolidación fiscal iniciada en 2010 redujo drásticamente la inversión pública, especialmente en el ámbito hidráulico. En apenas una década, la inversión del Estado en agua cayó un 83%, pasando de una media anual de 6.540 millones a poco más de 1.100 millones. Esa brecha ha supues-to dejar de invertir 67.000 millones de euros en infraestructuras esenciales y ha con-tribuido a que España lidere el ranking europeo de infracciones medioambientales, con 25 expedientes abiertos en la actualidad.

A este déficit se suman las nuevas obligaciones derivadas de la normativa europea. Solo la adaptación a la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas impli-cará movilizar cerca de 24.000 millones de euros en modernización de infraestruc-turas. Y, según el informe “Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España”, elaborado por Typsa para SEOPAN, las necesidades totales de inversión para la próxima década ascienden a 104.000 millones de euros, cifra que se eleva hasta 119.000 millones si se incluyen otras actuaciones adicionales en sa-neamiento, depuración, reducción de emisarios y puntos de desbordamiento, neu-tralidad energética y almacenamiento hidroeléctrico mediante bombeo reversible

La cifra es contundente: para alcanzar los niveles de resiliencia hídrica que España necesita, habría que multiplicar por 6,5 la inversión media anual de los últimos años. Este desafío afecta a la Administración General del Estado, a las comunidades autó-nomas y, de manera muy significativa, a los ayuntamientos, responsables directos de buena parte del ciclo integral del agua. Sin embargo, el marco actual de planificación hidrológica, regido por la Directiva Marco del Agua, carece de un sistema financiero que garantice la ejecución de los planes aprobados. De hecho, el nivel de ejecución presupuestaria de los planes hidrológicos en vigor es inferior al 30%, una muestra inequívoca de la brecha entre planificación y realidad.

La falta de un regulador nacional del ciclo urbano del agua en España ha dado lu-gar a una gestión fragmentada, ineficiente y con grandes disparidades tarifarias entre territorios, lo que dificulta la planificación, limita la inversión y complica la re-cuperación de costes exigida por la normativa europea. Es necesario avanzar ha-cia un marco homogéneo de gobernanza y crear un regulador nacional para ga-rantizar la sostenibilidad del sistema y la equidad entre los ciudadanos. Además, la modernización del marco regulatorio de la contratación pública, con una ac-tualización de la Ley de Desindexación y la recuperación del modelo concesional, es clave para movilizar inversión y ejecutar infraestructuras hidráulicas críticas.La situación se ve agravada por fenómenos meteorológicos extremos y sequías re-currentes, especialmente en el arco mediterráneo, que amenazan tanto el abasteci-miento urbano como la competitividad de sectores clave. Para garantizar la resilien-cia del sistema hídrico y asegurar el crecimiento, la cohesión territorial y la seguridad futura, es crucial contar con un compromiso político firme que impulse un nuevo Plan Hidrológico Nacional, actualice el marco regulatorio y la gobernanza del agua, y asegure su financiación. El agua no es un gasto, sino una inversión estratégica para el futuro del país.