Emergencias y justicia social en un contexto de crisis ecosocial
Luciano Poyato,
Presidente de la Plataforma del Tercer Sector
Las emergencias han dejado de ser algo puntual o extraordinario. Hoy forman parte de nuestro día a día, y lo vemos en fenómenos como las olas de calor, las inundaciones, los incendios, o incluso en crisis económicas y geopolíticas que se entrelazan y nos afectan de muchas maneras. Esta realidad nos sitúa ante una crisis ecosocial, donde lo ambiental y lo social están profundamente conectados y nos obliga a repensar cómo respondemos como sociedad, porque las emergencias ya no solo dañan infraestruc-turas sino que afectan directamente a las personas, especialmente a quienes ya están en situación de vulnerabilidad. Por eso, más que nunca, necesitamos respuestas que no solo sean rápidas, sino también integrales, inclusivas y sostenidas en el tiempo. Porque lo que está en juego no es solo la recuperación, sino también la justicia social.
Sabemos que las emergencias no son neutras, porque no afectan de igual medida a todas las personas, sino que tienden a agravar las desigualdades que ya existen. Las personas en situación de vulnerabilidad pueden tener más dificultades para proteger-se, acceder a información o recibir apoyo adecuado. Por eso, cuando hablamos de una emergencia, no nos referimos solo a infraestructuras dañadas o servicios interrum-pidos. Hablamos de vidas que necesitan ser protegidas, de personas que requieren acompañamiento para reconstruir lo perdido. Las brechas sociales se hacen más vi-sibles en estos contextos, y eso nos obliga a diseñar respuestas que reconozcan esa desigualdad estructural y actúen en consecuencia.
Por eso, ninguna emergencia puede abordarse de forma completa si no se tiene en cuenta su dimensión social. Cuando ocurre una crisis, no todas las personas la viven igual. Hay quienes parten de una situación de vulnerabilidad — por exclusión residencial, discapacidad, salud mental, violencia machista, entre otros factores— y necesitan una respuesta que reconozca esas realidades. El enfoque social significa, en esencia, poner a las personas en el centro. No se trata solo de reparar, sino de atender las necesidades específicas de quienes más lo necesitan, respetando sus derechos y garantizando que nadie quede atrás. Es una forma de actuar basada en los derechos humanos y en los principios humanitarios.
Este enfoque debe aplicarse siempre. Por ejemplo, en la prevención de las emergen-cias, nos va a permitir, contar con sistemas de alerta temprana accesibles, identificar los factores de vulnerabilidad y diseñar protocolos que incluyan a todas las personas. Y en la reconstrucción, nos permitirá aprovechar la oportunidad para hacer las cosas mejor: acabar con la infravivienda, garantizar la accesibilidad, reforzar los servicios sociales, y construir entornos más seguros y justos.
Las emergencias, en definitiva, dejan al descubierto desigualdades que ya estaban ahí. En esos momentos, se ve con claridad quién tiene acceso a una vivienda segura, a in-formación comprensible, a atención sanitaria… y quién no. A menudo, las personas en situación de vulnerabilidad suelen quedar fuera si los protocolos no contemplan su rea-lidad. También se evidencian carencias estructurales: barrios sin servicios básicos, aler-tas que no son accesibles, recursos que no están pensados para todas las personas… Por eso decimos que las emergencias visibilizan las brechas sociales. Y también nos dan la oportunidad de corregirlas: revisar cómo se diseñan los planes, garantizar la ac-cesibilidad, mejorar la coordinación… En definitiva, hacer que nadie quede atrás cuando más lo necesita.
Estamos convencidos de que la respuesta no puede ser solo técnica, sino que debe ser profundamente humana, porque apostar por un enfoque social no es una opción, es la única manera de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y resiliente.